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¿Es de los que No Solicitan Tarjeta o Matrícula Profesional a sus Trabajadores o Contratistas? Le explicamos por qué debería empezar a hacerlo

por | Nov 26, 2021 | Civil, Laboral

En Colombia existen alrededor de 60 profesiones cuyo ejercicio requiere de una tarjeta o matrícula profesional expedida por órganos colegiados privados autorizados por la ley. Esta obligación, validada por la Corte Constitucional[1], tiene fundamento en el riesgo social que implica el ejercicio de determinadas profesiones u oficios, denominadas “profesiones reglamentadas”.

Algunas de las profesiones para las cuales la ley exige tarjeta profesional son la medicina, la abogacía, la administración de empresas, la contaduría, el trabajo social, las ingenierías y algunas ciencias de la educación. Esta obligación se extiende incluso a algunas tecnologías como la tecnología en sistemas, en electricidad y la electromecánica, entre otras.

Quizás el hecho de que existan profesiones reglamentadas no sea nuevo para la mayoría de nuestros lectores, sin embargo, hay algo que muchos empleadores y contratantes desconocen: el hecho de que pueden llegar a ser sancionados si contratan personas para el desarrollo de actividades propias de profesiones reglamentadas, cuando el trabajador o contratista no cuenta con la tarjeta profesional o matrícula respectiva. En efecto, dependiendo de la ley aplicable, la sanción puede ser impuesta tanto a la persona que ejerce una profesión ilegalmente, es decir, sin contar con la respectiva autorización, como para la persona o empresa que encubre el ejercicio ilegal al contratarlo.

Un claro ejemplo de esta situación se presenta con las ingenierías y sus profesiones afines y auxiliares, cuyo ejercicio se encuentra reglamentado por la ley 842 de 2003 que establece, entre otras cosas, que constituye ejercicio ilegal de la profesión de ingeniería el desarrollo de actividades relacionadas con el estudio, proyección y diseño de procesos de computación, de sistemas y teleinformáticos sin contar con la matrícula respectiva.

En el mismo sentido, la ley 842 indica que, contratar a estas personas es considerado como encubrimiento[2] del ejercicio ilegal de la profesión, exponiendo al empleador o contratante a multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, las multas pueden incluso ser impuestas a los representantes legales de empresas empleadoras o contratantes sancionadas por encubrimiento, si son profesionales de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares.

Actividades Propias de la Ingeniería

Los estudios, proyectos, diseños y procesos mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas y teleinformáticos.

    Profesiones auxiliares de la ingeniería

    Las que se ejercen en nivel medio, como auxiliares de los ingenieros, amparadas por un título académico en las modalidades educativas de formación técnica y tecnológica profesional, conferido por instituciones de educación superior legalmente autorizadas. Por ejemplo, técnicos y tecnólogos laboratoristas, técnicos y tecnólogos en sistemas o en computación, analistas de sistemas y programadores y técnicos, y tecnólogos teleinformáticos.

    Profesiones afines a la ingeniería

    Aquellas que siendo del nivel profesional, su ejercicio se desarrolla en actividades relacionadas con la ingeniería en cualquiera de sus áreas, o cuyo campo ocupacional es conexo a la ingeniería, tales como: la Administración de Sistemas de Información y la Administración en Informática, entre otras.

    Citamos particularmente el ejemplo de las ingenierías y de sus profesiones afines y auxiliares, porque sabemos que es cada vez más común que empresas de otros sectores tengan colaboradores que ejerzan este tipo de actividades, ya sea para el desarrollo de una aplicación web o para la administración de sistemas de la información. Además, porque hemos asesorado la respuesta requerimientos que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) hace a las empresas, para comprobar, en el marco de un proceso de inspección administrativa, el cumplimiento de la ley 842 de 2003.

    Sin embargo, este tipo de situaciones no solo se presenta con la ingeniería, por lo que resulta de suma importancia para empleadores y contratantes, asegurarse de solicitar las respectivas tarjetas y matrículas profesionales como un requisito previo a la contratación laboral o de prestación de servicios, cuando evidencien que las actividades a contratar pertenecen a profesiones reglamentadas. Ante la duda, siempre será mejor consultar con su abogado.

    Adicionalmente, recomendamos tener precaución a la hora de contratar como trabajadores estudiantes que aún no se han graduado, indagando con su abogado o con la respectiva universidad si es legal que el estudiante en cuestión ejerza actividades propias de una profesión reglamentada sin haber obtenido el título o bien, si se requiere al menos un permiso provisional del órgano colegiado que corresponda. Esto sucede por ejemplo con los egresados de derecho que, sin haberse graduado, pueden, bajo determinadas condiciones ejercer como abogados con una licencia temporal expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

    En el caso de los contratistas, recomendamos incluir la manifestación del contratista de cumplir con sus obligaciones legales y reglamentarias o, si se trata de una persona jurídica, la declaración de esta, de que el personal que intervendrá en la ejecución del contrato cumple con dichas obligaciones.

     Adicionalmente, y al margen de las sanciones por ejercicio ilegal de la profesión o su encubrimiento, es una buena práctica empresarial constatar el estado en el que se encuentra la tarjeta o matrícula profesional, ya que, al hacerlo, el contratante o empleador puede evidenciar si el profesional ha sido objeto de sanciones, y verificar que la matrícula profesional se encuentra activa.

    ¿Qué hacer si ya tiene en nómina a un trabajador que no tiene tarjeta profesional?

    Si ya tiene en nómina a un trabajador que no tiene tarjeta profesional y ni el contrato, ni el reglamento interno de trabajo o el manual de funciones establecen la obligatoriedad de la misma para el ingreso, recomendamos solicitar al trabajador que tramite la tarjeta profesional a la brevedad posible, explicando que se trata de una obligación legal cuyo incumplimiento lo expone tanto a él como a la empresa a sanciones pecuniarias.

    Si usted no solicitó la tarjeta o matrícula profesional para el ingreso del trabajador, esta situación NO constituye una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.

    En GONZÁLEZ ALDANA ABOGADOS lo asesoramos en la elaboración de sus contratos laborales y de prestación de servicios, asegurándonos de que cumpla con las obligaciones que le correspondan en calidad de empleador o contratante.

    [1] Corte Constitucional, Sentencia C-031/1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

    [2] Artículos 15 y 16 de la ley 842 de 2003.

    Foto Créditos: <a href=”https://www.freepik.es/vectores/flyer”>Vector de Flyer creado por macrovector – www.freepik.es</a>

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